Una reforma en El Salvador expone a menores de edad a «mayores riesgos de abuso»
Una reforma penal aprobada por el Congreso de El Salvador que permite encarcelar a menores de edad en prisiones de adultos viola estándares internacionales y expone a los adolescentes «a mayores riesgos de abuso», advirtió el lunes la organización Human Rights Watch (HRW).
«Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos», señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en un comunicado.
Agregó que «transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aún en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador».
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La organización recordó que en su informe de mediados de 2024 documentó «graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad».
El Salvador se encuentra bajo este régimen desde marzo de 2022, cuando solo en un fin de semana se produjo el asesinato de más de 80 personas y el presidente Nayib Bukele pidió suspender derechos constitucionales para enfrentar a las pandillas.
Denuncian detenciones arbitrarias de menores en El Salvador
De acuerdo con HRW, se han detenido más de 3.000 menores de edad «desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas”.
«Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física. Algunos agentes de policía dijeron a Human Rights Watch que las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas», sostuvo la organización.
Detalló que varios de estos niños y adolescentes detenidos habían sufrido, junto a sus familias, «la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte».
La reforma está en la lupa de organismos internacionales
Las reformas a la Ley Penal Juvenil buscan, según el Congreso, que «los menores de edad pertenecientes a pandillas cumplan sus condenas en centros penales de adultos» cuando los encuentren «culpables de cometer delitos de crimen organizado».
Además, «se evitará que estos menores reciban el mismo tratamiento penal de quienes han cometido delitos de menor gravedad o delinquido de manera aislada o eventual».
El pasado 13 de febrero, expresaron su preocupación por estas reformas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Comité de los Derechos del Niño (CRC), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
EFE
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