Milei ordena no renovar contratos a empleados públicos
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmará una disposición para no renovar las contrataciones de empleados públicos que se hayan efectuado este 2023.
La información la dio a conocer la agencia Noticias Argentinas, la cual tuvo acceso al borrador de la medida.
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La norma comprenderá las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023.
En tanto, exceptúa a las contrataciones al personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
También al personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada con que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
En la administración del Gobierno central hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.
Despidos discriminatorios
El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) también implica una serie de reformas en materia laboral que ya han sido rechazadas por las organizaciones sindicales.
Una de ellas autoriza a las empresas a realizar despidos discriminatorios por motivos de “etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial”, mediante el pago de una indemnización.
Se trata del artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que fue incorporado por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Milei en la noche del miércoles.
El mencionado artículo establece un agravamiento indemnizatorio de 50% en caso de despido motivado por un acto discriminatorio. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta 100 %, siempre que quien invoque la causal pueda probar el caso en la Justicia laboral.
Con información de RT
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