La Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la RFEF Ángel María Villar

La Fiscalía solicita 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por presunta corrupción en el caso Soule, en el que se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones.

Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra ocho implicados en este caso, entre los que también figura el hijo del expresidente federativo, Gorka, para quien pide una condena de 7 años de prisión.

Petición de multa

A Villar, que estuvo unos días en prisión preventiva por este caso, le acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y reclama que se le imponga una multa de cerca de un millón de euros.

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También está acusado el exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón, para quien reclama 6 años y medio de prisión. 

Una década de presunta corrupción

En esta causa, abierta en 2017, todavía con Villar al frente de la RFEF (1988-2017), se ha investigado si el expresidente y Padrón se aprovecharon de sus cargos entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas de su entorno con contratos perjudiciales para la Federación o mediante el pago a su cargo de retribuciones que no se correspondían con servicio alguno.

Dinámicas que causaron un agujero a la Federación de 4.514.441,72 euros.

Esa es la tesis que expone Anticorrupción en su escrito, donde destaca la celebración de partidos amistosos en perjuicio de la RFEF para conseguir contratos en favor del hijo de Villar y de su empresa, que se habrían embolsado de este modo 366.583 euros.

La Fiscalía acusa también a Villar por el pago de retribuciones por servicios no prestados a personas de su confianza por, al menos, 684.441 euros.

Para ello se simulaba la prestación de servicios a favor de la Federación o incluso la jubilación en 2009 de la secretaria de Villar, pese que continuó «prestando los mismos servicios hasta septiembre de 2017». El objetivo, dice la Fiscalía, era eludir una normativa interna y recibir un premio de jubilación y un complemento mensual todos esos años.

Elección de rivales en función de los intereses de su hijo

Anticorrupción sitúa las presuntas irregularidades en torno a la elección de los partidos amistosos de la Selección absoluta desde al menos 2009, coincidiendo con «el aumento del prestigio» y «caché» del conjunto, derivado de sus triunfos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010.

Según Fiscalía, se eludieron «todos los órganos competentes de la RFEF» y Villar se atribuyó presuntamente «la facultad de decidir» los rivales en partidos amistosos, en beneficio de su hijo y de su sociedad, Sport Advisers -también acusada-.

De esta forma le atribuía a su hijo «tanto la elección de esos equipos como la negociación de las condiciones económicas», pese a carecer éste de relación laboral o poder de representación de la Federación.

Así, Gorka Villar seleccionó el lugar de celebración de los amistosos y sus términos económicos en función de su conveniencia y de su sociedad, creada en 2010 para el asesoramiento jurídico deportivo «aprovechándose del cargo que tenía su padre en la RFEF».

Mediante esta dinámica, según la Fiscalía, se convinieron amistosos con las Selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia que generaron un perjuicio para la RFEF de al menos 3.830.000 euros.

EFE

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