La administración Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos, dejando a la población vulnerable a una posible deportación en los próximos meses, según documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times.
La medida indica que el presidente Trump planea continuar con la represión del programa que comenzó en su primera administración, cuando intentó terminar el estatus para los migrantes de Sudán, El Salvador y Haití, entre otros. Se vio obstaculizado por los tribunales federales que cuestionaron la forma en que anuló las protecciones.
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“Después de revisar las condiciones del país y considerar si permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos cubiertos por la designación de 2023 es contrario al interés nacional de los Estados Unidos, en consulta con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, el secretario de Seguridad Nacional ha determinado que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023”, se lee en el aviso.
Durante su primer mandato, cuando la administración de Trump puso fin a las protecciones para los migrantes de El Salvador y Haití, los funcionarios permitieron que los afectados mantuvieran su estatus durante 12 a 18 meses antes de que terminara.
Esta vez, la administración ha decidido hacer que los cambios sean más inmediatos. Aquellos bajo TPS de Venezuela que recibieron las protecciones en 2023 perderán su estatus temporal 60 días después de que el gobierno publique el aviso de terminación. Los críticos republicanos del programa han dicho que se ha utilizado para permitir que los migrantes se queden mucho más tiempo de lo previsto y que se ha transformado de algo temporal a un acuerdo más permanente.
El aviso indica que más de 300.000 venezolanos tenían TPS hasta abril.
Otro grupo de más de 250.000 venezolanos tienen protecciones hasta septiembre y por ahora no se verán afectados, pero la decisión sugiere que ellos y otros bajo TPS podrían estar en peligro de perder su estatus en el futuro.
La terminación también aumenta el número de personas sin ningún estatus migratorio formal en los Estados Unidos mientras Trump intenta llevar a cabo un esfuerzo de deportación masiva. La decisión de revocar las protecciones podría enfrentar desafíos legales por parte de activistas de los derechos de los inmigrantes que han estado esperando tal decisión.
Durante la administración Biden, el programa creció drásticamente. A fines del año pasado, más de un millón de personas tenían el estatus, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Está claro que Trump pretende cambiar eso. La decisión de este fin de semana, autorizada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, explicó que el TPS ya no era necesario porque no servía al interés nacional de Estados Unidos, según la administración.
Hace apenas unas semanas, Alejandro N. Mayorkas, entonces secretario de Seguridad Nacional, había descubierto lo contrario.
En enero, la administración Biden extendió las protecciones para los venezolanos por 18 meses adicionales, al considerar que las condiciones en su país hacían necesaria tal medida. La administración Trump revocó esa extensión la semana pasada.
“Venezuela está experimentando ‘una crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional’”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional de Biden, citando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el país. “Según se informa, la crisis ha alterado todos los aspectos de la vida en Venezuela”.
The New York Times
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