En la sociedad, las mujeres viven el día a día bajo las manos del sistema heteropatriarcal en distintos ámbitos, entre ellos: la violencia ginecoobstétrica. En los últimos 15 años este problema con las embarazadas lo reconocen en diferentes países de América Latina. Los principales son México, Venezuela y Argentina.
Según el artículo “Cuerpos, procesos y violencias (in)visibles: la violencia ginecobstétrica como forma de atención en los procesos reproductivos de las mujeres” publicado en la Universidad de Carabobo, manifiesta la problemática de cómo la violencia ginecobstétrica es una manera de ejercer control en las mujeres durante el trabajo de parto en Venezuela.
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Esta violación a los derechos humanos no solo afecta en los partos, sino que también repercute en niñas y adolescentes. Debido a invisibilización, discriminación y pérdida de autonomía que viven las mujeres en sus procesos de salud sexual y reproductiva.
En Venezuela se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cuál la reformaron en dos ocasiones posteriore. Siendo la última en el año 2021. No obstante a estar sustentada legalmente, las víctimas de estas prácticas expresaron que sigue siendo común en el área de salud la invisibilización y falta de respeto hacia la mujer.
Este tipo de violencia sucede bajo el conocimiento del personal médico, quienes ejercen esta violación de derechos humanos mediante tratos deshumanizados, abuso de medicalización y patologización de procesos fisiológicos en diversos centros de salud de Caracas, según testimonios y evidencias presentadas por parte de las pacientes.
Durante el 2022 se creó el Observatorio de Violencia Ginecobstétrica de Venezuela (OVGOVE) para ofrecer análisis periódicos sobre este tipo de violencia en contra de las mujeres, prestando atención especial a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos sustentados en la legislación venezolana. En una de las investigaciones realizadas por el OVGOVE, en la que participaron 318 mujeres de Distrito Capital y Miranda, se reveló la complejidad de dicha situación. En el mismo salieron a la luz testimonios que evidencian tratos humillantes y procedimientos sin consentimiento a los que somenten a las víctimas de estas indecorosas actividades.
A pesar de que existe una ley que penaliza la violencia obstétrica, no es suficiente para detener y acabar dichas atrocidades que son apoyadas por los trabajadores en el área de salud. Siendo cómplices entre ellos para beneficio propio. Por lo tanto, es necesario educar al respecto, para conseguir soluciones y así reconocer los derechos humanos de las embarazadas, para prevenir que estos sigan violando, respetando la intimidad, educación sexual y reproductiva que les pertenece.
Texto: Paola Parada, estudiante de la cátedra de Periodismo Científico de la URBE
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