El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, dio inicio este martes a la apertura del juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en 2022, a pesar de que este afirmó minutos antes que el proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado.
Castillo llegó a la sala judicial acondicionada especialmente en el penal de Barbadillo en el que está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el fallido intento de golpe, justo después de haber anunciado en una carta que rehusaba a asistir al juicio por considerarlo una «farsa».
El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente su misiva publicada en la red social X.
«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo en la carta al indicar que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo.
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Al hacer uso de la palabra, Castillo dijo a los magistrados que no tenía razón presentarse con un abogado porque no se puede someter a «un juicio que es una pantomima».
Añadió que no acepta la designación de un abogado de la defensa pública y que ha prescindido de los servicios de los cuatro abogados que había acreditado hasta el momento.
La jueza Carbajal explicó que al no concurrir el abogado, se nombraría un defensor público, según la normativa judicial vigente.
Durante la audiencia, los jueces pidieron que se identifiquen los seis coacusados y sus abogados, entre los que estuvieron el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, así como la también exprimera ministra Betsy Chávez, y el exministro del Interior Willy Huerta.
Asimismo, los tres exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.
La carta que Castillo pidió compartir en la audiencia, de siete páginas, fue difundida en su perfil en la red social X cuando estaba programado el inicio del juicio, por el que se enfrenta a 34 años de cárcel, puesto que el Ministerio Público considera que fue cometió los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
«En patriótica protesta, pongo en conocimiento de este tribunal, de todos los participantes, el país y el mundo, que, a partir de la fecha, con justa razón, me rehúso a participar en este juicio político, con apariencia de juicio jurídico», indicó.
Afirmó que su discurso televisado no fue un mensaje a la nación porque no lo puso en consideración ni aprobación del Consejo de Ministros como manda la Constitución, por lo que no ha cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía.
«Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después», agregó acerca de los otros seis acusados.
Reiteró que a su discurso no le alcanza ningún delito ni infracción constitucional y aseguró que no hubo levantamiento armado, porque no pidió que nadie lo hiciera, ni coordinó para que esto sucediera.
Castillo agradeció a su anterior defensa, Luis Walter Medrano, por su profesionalismo, y en reemplazó nombró al abogado Iber Antenor Maraví.
EFE
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