Desmantelan trama de corrupción en el IMA de Valencia

Instituto Municipal del Ambiente (IMA)

Tres jefes del Instituto Municipal del Ambiente de Valencia (IMA) están involucrados en un escándalo de corrupción que corroía al organismo desde sus bases.

Al mando del complot se encontraba el presidente del IMA, Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz, quién se encuentra actualmente prófugo de la justicia; así como su directora Rosa Verónica Alvarado Ascunes y el encargado Marcos Antonio Sánchez estos, ya se encuentran detenidos para responder ante los tribunales.

Los delitos que se les imputan por parte de la Fiscalía 87° Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público (MP) son: Disposición indebida de residuos o desechos sólidos no peligrosos, Disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligroso; Manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos,  Generación de epidemia; Generación de ruidos.

De igual forma, se les acusa por los delitos de Malversación agravada, Participación del funcionario público,  Legitimación de capitales,  y Asociación para delinquir.

El caso se centra en un vertedero ilegal en la avenida principal del sector El Paíto, que afecta negativamente a la comunidad.

Los denunciantes indican que el lugar se utilizaba de forma inapropiada y que los conductores de camiones de basura no estaban formalmente contratados, recibiendo pagos informales por parte de los directores implicados.

En ese sentido, diferentes conductores de camiones de basura ya se han sumado a las manifestaciones en rechazo del corrupto accionar, revelando que pese a ser integrantes de la plantilla municipal no pertenecen a la nómina y no poseen ningún tipo de contratación o licitación con el IMA.

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Además, indican que reciben sus pagos mediante unos tickets depositados en sus cuentas personales de parte de los directores del Instituto, señalando a Bruzco Espinoz y Alvarado Ascunes.

En virtud de la magnitud de los daños causados, puestos de relieve gracias a los reclamos de los afectados y confesión de parte, los funcionarios enjuiciados se enfrentan a una penalidad que supera en su límite máximo los diez años de prisión, sumando previsiblemente otros años en el caso específico del escabullido Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz.

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