Desde la OEA instan a publicar actas de las presidenciales en Venezuela
Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó para hablar sobre Venezuela a un mes de la elección presidencial, resultados electorales que han sido cuestionados por parte de la comunidad internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que el sistema de justicia en Venezuela está dado para garantizar la impunidad. «Clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Se debe considerar una aberración que la victimas esperen justicia del cómplice».
Almagro aseguró que sigue en contacto con la Corte Penal Internacional (CPI) y reiteró la solicitud de imputación de cargos y orden de aprehensión contra los principles responsables del Gobierno de Nicolás Maduro.
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La sesión inició con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exponiendo los crímenes cometidos por organismos de seguridad en el último mes.
La CIDH ha recibido un patrón de violaciones a la libertad personal. Al menos 1.600 personas detenidas, 138 adolescentes. Hubo privación de libertad de forma selectiva”, dijo la abogada Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
En el texto también se denuncia que el CNE violó las leyes electorales de Venezuela al no publicar en detalle los resultados del 28 de julio. Asimismo, destacaron los informes del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU sobre irregularidades electorales.
“Seguiremos monitoreando muy de cerca la situación”, dijo Clarke.
Durante el debate, el representante de Canadá aseguró que “una solución negociada es la única salida. No puede ocurrir sin el respeto de los derechos civiles y políticos”.
Irregularidades
“Las elecciones en Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades y falta de transparencia. Expertos han hablado al respecto, se realizaron en un entorno de restricción de derechos”, añadió.
Por su parte, el Gobierno de Paraguay exhortó al gobierno “a que cumpla sus obligaciones”.
“La actual conmoción puede ser superada con la colaboración de todos, pero en especial del gobierno que debe evitar conductas que pongan en peligro la paz. No hay otro camino que la publicación de todas las actas y la verificación independiente de las elecciones”, sostuvo.
Para finalizar, condenó las violaciones a los derechos humanos señaladas en el informe de la CIDH.
Mientras tanto, el gobierno de Perú calificó de «deplorable» lo que ha ocurrido en Venezuela, incluyendo «la decisión del TSJ de convalidar las elecciones».
“Todo allí ha sido falseado. Ha pasado un mes sin respuesta del gobierno a los llamados de la comunidad internacional a publicar las actas. Reiteramos nuestro pedido a la publicación de las actas para que sean objeto de una verificación imparcial e independiente”, agregó el representante ante la OEA.
Transición pacífica
De igual forma, el embajador de Perú pidió que el gobierno ponga fin a la violencia y hostigamiento contra los opositores, además de la liberación de los presos políticos.
En esta línea, Costa Rica hizo un llamado “contundente, inequívoco para que se inicie un proceso de transición pacífica de buena fe en Venezuela».
“Es responsabilidad de todos apoyar al pueblo venezolano. No le hacemos un favor a la democracia en el hemisferio tolerando acciones contrarias a los principios y valores a los que todos nos hemos comprometido a defender”, declaró.
Llamado a la Comunidad Internacional
El gobierno de Panamá rechazó la «represión» e hizo un «llamado urgente al gobierno de Maduro para que ponga fin a la violencia y liberen a los detenidos».
“A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de una escalada en la violencia, detenciones, falta de libertad de expresión, torturas que ha marcado una realidad alarmante que no puede ser ignorada”, dijo.
También pidió a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos en apoyo a la CIDH. “Trabajemos juntos para que la democracia y los derechos prevalezcan para todas y todos”, finalizó.
Consecuente con esta idea, la embajadora de Guatemala ante la OEA señaló que “es una lucha por la dignidad humana que debe ser compartida por todos”.
“En Venezuela se criminaliza la libre expresión, la protesta pacífica y el derecho electoral. La crisis es una advertencia sobre la concentración de poder y la erosión de las instituciones democráticas», agregó.
La embajadora guatemalteca finalizó diciendo que el gobierno rechazaba las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo venezolano, “reconociendo la gravedad de la crisis”.
Agencias
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