La ONG de Venezuela Foro Penal afirmó que en el país hay 240 detenidos a los que considera presos políticos, uno más que en su último reporte publicado el pasado 29 de marzo.
Entre quienes consideran presos políticos, hay 226 hombres y 14 mujeres y un menor de edad, detalló en Twitter la organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, indicó que 110 son civiles y 130 son militares.
«Desde 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela», añadió el Foro Penal.
Añadió que actualmente más de 9.000 personas siguen sujetas, «arbitrariamente», a medidas restrictivas de su libertad.
El pasado 10 de febrero, una investigación de Amnistía Internacional (AI), en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), reveló la correlación que hay entre detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela y las «estigmatizaciones» creados desde varios medios de comunicación.
«Este análisis mostró que, mientras en 2019, la correlación general entre ambas variables (detenciones arbitrarias y estigmatización) era del 29 %, en 2020 aumentó al 42 % y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 %», detalló AI en un comunicado de prensa.
El estudio mostró que las correlaciones entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían por año, dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados.
En este sentido, AI refirió que durante 2019 hubo una «correlación más estrecha», del 74 %, con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En 2020, la conexión es «más estrecha» entre la estigmatización y las detenciones ejecutadas por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), su unidad de élite, cuya disolución ha pedido la ONU, que sube hasta el 92 %, la misma cifra registrada en 2021.
El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, añadió que «no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano; es decir, funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos», lo que, a su juicio, «no debe quedar impune».
Fuente: Efe
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