Colombia recuerda a las víctimas del conflicto en medio de un repunte de la violencia

Como cada 9 de abril desde hace 10 años, Colombia recordó en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas a las más de 9,2 millones de personas registradas como víctimas del conflicto armado. Aunque se reconocen avances, las deudas del Estado todavía son muchas para con la reparación de la memoria de los protagonistas colaterales de la violencia en el país, que ahora registra un alto repunte de la violencia en algunos territorios, a mes y medio de los comicios presidenciales.

En Colombia, el conflicto armado interno se expandió desde la década de los 60 hasta, oficialmente, 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado, entonces bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, y la extinta (con matices) guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Sin embargo, el Estado colombiano solo reconoció la existencia del conflicto en 2011 mediante la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo es “restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido”.

Como parte de esta legislación, un año después se estableció que cada 9 de abril se conmemoraría el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha en homenaje al liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948 y cuyo magnicidio dio paso al conocido como «Bogotazo», un hecho que cambió el rumbo del país andino hace más de 70 años y que todavía hoy tiene sonadas repercusiones a escala política y social.

Tras una década, las víctimas de la guerra en Colombia reconocen avances, pero sostienen que el Estado también ha fallado en sus compromisos de reparación, dignidad y justicia.

Según los datos oficiales, el conflicto armado deja en el país latinoamericano 9.250.453 víctimas, que de acuerdo con la Ley 1448, son aquellas personas «que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Lo son también sus familiares directos, los miembros de las Fuerzas Armadas agraviados por el conflicto armado, así como los menores reclutados por grupos armados ilegales. 

Por razones étnicas, los ciudadanos afrocolombianos son los más castigados por el conflicto. Son 1.161.957 víctimas. Por detrás quedan los indígenas (248.364), los palenqueros y raizales (19.002) y los gitanos (9.785). 

Según el informe de seguimiento al Acuerdo dirigido por la Bancada de Paz del Congreso colombiano, los datos, recogidos por el periódico local ‘El Espectador’, sostienen que desde el Legislativo sólo se han llevado a término el 16% de las reparaciones del total de víctimas. Con estas cifras, sostiene la nota, se tardaría 59 años en ofrecer justicia y reparación a todas las víctimas. 

Durante la legislatura del conservador Iván Duque, los datos reflejan que las sentencias acerca de la restitución de tierras, que implica acciones de restablecimiento legal y material de la situación de las víctimas antes de ser obligadas a abandonarlas, se han reducido hasta el 50%, haciendo que solo el 9% de las peticiones hayan sido resueltas en los tribunales.

A pesar de las luchas desde las organizaciones de víctimas lideradas desde la sociedad civil y los compromisos paulatinos por parte de las autoridades, como la inserción de las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto en las elecciones legislativas para este periodo (2022-2026) y el siguiente (2026-2030), el reconocimiento y la reparación de los agravios a las víctimas del conflicto sigue siendo desigual, lento y, en muchos casos, no integral.

Además, en paralelo, la violencia ha resurgido con fuerza en Colombia, con un repunte de la violencia armada en los territorios más remotos y olvidados por el Estado y donde los grupos armados ilegales se rearman y refuerzan sus posiciones a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

La violencia, de nuevo en auge

“El Gobierno y los grupos armados deben unirse y ponerse de acuerdo para poner fin a esta pesadilla para los colombianos, muchos de los cuales ya han soportado décadas de un conflicto brutal”, expresó Francesco Volpi, director para Colombia de la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

El repunte de la violencia en el país es una realidad. Colombia vive una nueva crisis humanitaria, agravada también por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. En lo referido a la violencia, de acuerdo con el NRC, durante los primeros meses de 2022 ha habido 274.000 personas afectadas por la misma, lo que ha «destruido la promesa de paz para muchos colombianos”, en palabras de Volpi.

El 23 de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo público su informe anual manifestándose en la misma línea y destacando la existencia de seis conflictos activos en Colombia entre el Estado y grupos armados ilegales como el ELN, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. 

Los datos aportados por el CICR también apuntaron a que en 2021 hubo 168 víctimas de desaparición forzada en el marco de la violencia, para un total de 772 tras la firma del Acuerdo de Paz. También el año pasado 486 colombianos fueron afectados por artefactos explosivos, como minas antipersonal, siendo el 53% de las víctimas civiles.

Solo en lo que va de año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 32 masacres en Colombia, las cuales han dejado un saldo de 117 a fecha de 8 de abril. También hay ya 218 víctimas por artefactos explosivos, un 40% más respecto al mismo periodo del año 2021.

Todos los indicadores denotan un recrudecimiento de la violencia en los territorios, que también deja una cifras preocupantes de desplazamientos forzados. El año pasado 53.000 colombianos tuvieron que abandonar sus tierras por la violencia, lo que supone un 148% más de personas desplazadas de manera forzosa respecto a 2020.

Este panorama se enmarca a las puertas de las elecciones presidenciales, que pueden suponer la llegada por primera vez en la historia democrática del país, según los sondeos electorales, de un candidato de izquierda, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, y de una vicepresidenta afrocolombiana, Francia Márquez, quien ya ha denunciado hasta tres amenazas de muerte por parte de grupos ilegales.

Durante la legislatura del mandatario saliente, Iván Duque, los principales grupos armados ilegales se han fortalecido y expandido, según informó el viernes, 8 de abril, la Fundación Paz y Desarrollo. Este será uno de los retos a los que tendrá que hacer frente el nuevo Ejecutivo, que saldrá, según todo apunta, de la pugna entre Petro y Federico ‘Fico’ Gutiérrez, candidato conservador de Equipo por Colombia. En total, los colombianos elegirán entre 8 aspirantes a la presidencia. 

Para el CICR, es imperativo que los dirigentes electos, tanto de los comicios legislativos de marzo como de las presidenciales del 29 de mayo, se comprometan con la agenda de las víctimas de la violencia para ofrecer soluciones «pragmáticas» que les hagan «vivir con dignidad».

Fuente AFP

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